"Hagan crecer la acción, el pensamiento y los deseos por proliferación, yuxtaposición y disyunción, más que por subdivisión y jerarquización piramidal. Suelten las amarras de las viejas categorías de lo negativo (el limite, la falta, la carencia) que el pensamiento occidental ha sacralizado durante tanto tiempo en tanto que formas de poder y modos de acceso a la realidad. Prefieran lo que es positivo y múltiple, la diferencia a la uniformidad, los grupos a las unidades, las articulaciones móviles a los sistemas rígidos. Consideren que lo que es productivo no es sedentario, sino nómada" Michel Foucault, 1968.

lunes, 16 de marzo de 2009

PRIMER DOCUMENTO CARTA ABIERTA GBA SUR ALTE BROWN



Carta Abierta
GbaSur Almirante Brown
blogs.clarin.com/cartaabiertagbasuraltebrown




LO ABIERTO DE LA POLÍTICA EN EL GRAN BUENOS AIRES


El grupo promotor de Carta Abierta Almirante Brown-GBAsur, conformado por personas de la cultura, la actividad económica, la educación, el periodismo, profesionales, militantes políticos y sociales, intelectuales y vecinos, constituye un espacio de carácter colectivo, plural, abierto a la comunidad, desde donde se propicia recuperar la práctica de debate político ciudadano.

Nuestro espacio surge de la adhesión a la posición política adoptada por Carta Abierta de la Ciudad de Buenos Aires cuando, ante las medidas del gobierno nacional de corte redistributivo contenidas en la Resolución 125 de marzo de 2008, se enfrentó a la reacción especulativa del contubernio financiero-sojero-mediático, se comprometió en defender a un gobierno elegido por el voto popular al que se pretendía deslegitimar y se denunció como destituyente a este intento que tuvo como relator al monopolio de los medios de comunicación.

Sabemos que estamos viviendo un singular tiempo histórico. La denominada crisis del sistema económico mundial no es otra cosa que una monumental estafa financiera, económica, social, política, ética y moral perpetrada sobre la humanidad toda. Pero este tiempo también coincide con el renacer de movimientos y acciones emancipatorias en América Latina como respuesta alternativa válida para que otro mundo sea posible.

Luego de un largo período de postergaciones nacionales concertado por los gobiernos dictatoriales y el modelo neoliberal, es hora de que la política sea asunto de todos los ciudadanos y se realice para fortalecer las instituciones, pensar nuevas configuraciones de gubernamentalidad, propugnar políticas tendientes a un desarrollo económico con equidad social e incentivarlas como prácticas en el marco de la diversidad cultural.

A la política como expresión de vedettismos, de empresas individuales con fines de lucro, de expresiones pandillescas o de meras intencionalidades plagadas de consignismos, se le contrapone otra política como un bien colectivo, con discursos y propuestas que nazcan del compromiso racional y de la sensibilidad compartida entre todos nosotros. Esta política es el medio de concebirnos como iguales y por ende necesarios.

Entendemos que las tareas que emprendamos tienen un carácter político, porque es justamente la política lo que hay que volver a pensar. Retomar el sentido de la política significa abandonar esa concepción minimalista propia del pensamiento único, expresión de un pensamiento débil, de un sentimiento líquido y de una percepción virtualizada de la realidad.

Sabemos que la participación e injerencia de nuestro territorio del Gran Buenos Aires es decisiva ante la puja de poderes, porque constituimos el mayor caudal electoral en la vida política nacional. No obstante eso o por ello mismo quizá, se soslaya nuestra capacidad de producir política, convirtiéndonos en meros reproductores de las ideas de los centros de poder idealizados por la subjetividad colectiva y contándonos únicamente como reservorio numérico. Nuestro entorno es depositario de valores indiscutibles, muchas veces devaluados por encontrarse en el sur, paredón y después, donde el después queda alejado de la postal argentina por oscuro y lejano.

Los hombres y mujeres del GBA conformamos un conglomerado contrastante, producto de notables asimetrías reales en los desarrollos socio-ambientales, económicos y culturales de los llamados cordones suburbanos. Otro contraste es el que construye la lupa político mediática recurriendo a dualismos simplistas de falsas dicotomías que van desde lo bello-lo feo, lo pobre-lo rico, lo malo-lo bueno, lo sano-lo enfermo hasta la estigmatización de los sectores desangelados. Esta práctica de manipulación pretende identificar víctimas y victimarios categorizándonos según el estrato social y la pertenencia territorial. En síntesis, este contraste termina fragmentando la comunidad entre el conurbano norte-sur y dentro de los mismos partidos del GBA. Nuestro partido de Almirante Brown comparte esta problemática común en su totalidad.

¿Cómo puede contribuir nuestro espacio Carta Abierta para encarar esta configuración de identidad política del Gran Buenos Aires?

Desde ya sabemos que nuestra tarea es poner blanco sobre negro en las cuestiones de la política actual convocándonos a ese llamado histórico, muchas veces acallado y muchas más veces interrumpido, de pensar y hacer la política en un sentido abierto que nos pertenezca y del cual seamos protagonistas. Por eso estamos convencidos de que nuestra tarea será la de brindar el apoyo hacia las políticas públicas que se consideren coherentes con estos principios: nacionales, populares, democráticos y orientados al bienestar común. En función de esto nos interesa particularmente el balance general de la gestión de los gobiernos nacional, provincial y comunal. Consideramos que se debe profundizar este proyecto siendo parte del mismo, señalando aspectos debatibles, proponiendo soluciones superadoras e incentivando la creatividad militante.

Los principios enunciados constituyen para nosotros el desafío de descubrir y poner en práctica un pensamiento colectivo, un lenguaje que lo transparente y una acción politica integradora. Por ello proponemos:

1. Rescatar nuestros símbolos y valores, en todo su sentido y sus diversidades y destinarlos a la producción de cultura para el ejercicio de nuestra identidad local y nacional-latinoamericana.

2. Promover y afianzar la autoestima colectiva y la confianza en el poder-hacer que permitirán la cooperación solidaria.

3. Convocarnos y convocar a una lectura seria de los mensajes mediáticos amparados por la vigencia de una ley de radiodifusión que atenta contra la redistribución de la libertad de expresión monopolizando la opinión publica.

4. Comprometernos en la creación de nuevas redes de comunicación social que involucren a instituciones y ciudadanía en todo su espectro. Participando como práctica periódica y permanente en modalidades tales como asambleas, debates públicos e intervenciones en medios de comunicación masiva y espacios cibernéticos.

5. Instalar las redes de comunicación en los ámbitos intra e intermunicipales: gobierno-ciudadanos; instituciones públicas y privadas; educadores-educandos; entre vecinos, barrios, comunidades; comerciantes-usuarios; productores-consumidores; comunicadores-receptores. Por comunicación entendemos no solo la mediática sino todo instrumento o ámbito que sirva para vincularnos, informarnos y ejercer intercambios.

6. Caracterizar, señalar y controlar en el terreno de las políticas públicas, las prioridades de obras de infraestructura sanitaria, de comunicación vial, de transporte, de educación, de salud, y de servicios esenciales que constituyen la base para lograr un bienestar digno y equitativo para todos.

7. Promover y contribuir a la creación de dispositivos para lograr una integración comunitaria que facilite la pacífica convivencia y la resolución de problemáticas de riesgo social.


8. Investigar, controlar y promover los proyectos productivos atendiendo al aprovechamiento y a la preservación del medioambiente y los recursos naturales, en el marco de un desarrollo sustentable.

9. Desarrollar una nueva conciencia dirigencial con responsabilidad social y compromiso con el futuro de la Nación y formar dirigentes de todos los ámbitos idóneos en el manejo de las cuestiones públicas.

10. Incentivar el desarrollo socioproductivo industrial y comercial local promoviendo la implementación de instrumentos de protección y de apoyo financiero planificado y estratégico enmarcados en un proyecto de país con vistas al Bicentenario.


Es el espíritu de este grupo promotor que todos quienes compartan este compromiso político se sumen al transitar ineludible en que el tiempo y el espacio nos coloca como actores medulares, parte indispensable del engranaje político que impulsa a nuestro pueblo.

Invitamos a todos los miembros de la comunidad, a participar de Carta Abierta Almirante Brown GBAsur. Conscientes de que, desde Longchamps, Ministro Rivadavia, Glew, Rafael Calzada, Claypole, José Mármol, Burzaco, San Francisco Solano, Don Orione, San José, Malvinas Argentinas y Adrogué, vamos a cooperar para construir la Patria de la Igualdad de Oportunidades.

Almirante Brown, marzo de 2009


Alicia Pepa
Ana Guerini
Ana Lia Iturrino
Cecilia Cecchini
Ernesto Arrieta
Flavio Filippi Tomé
Gloria Grandoli
Hector Camilleti
Ignacio Pereyra
Julio Cesar Rios
Osvaldo Gregoris
Liliana Oscos
Luis Luna
Mariano Grandoli
Martin Silva
Monica Ojeda
Nelida Separovic
Paula Fernandez Vega
Mónica Beatriz Mendoza
Julio Busteros
Osvaldo Gabriel Caseres
Ignacio Romani

Contactos 4214-5787 155708160
Reuniones Casa de la Cultura de Adrogue calle Esteban Adrogue 1224

cartaabiertagbasur@gmail.com

Aeronáutica una recuperación estratégica




El Gobierno argentino aceleró el plan de nacionalización de la Fábrica Militar de Aviones, en manos de la Lockheed Martin de EE.UU. desde la década pasada, con vistas a anunciar la operación la semana próxima, informa hoy la prensa.

Con esto se apunta a promover el desarrollo de la industria aeronáutica argentina mediante contratos con proveedores locales de piezas de aviones.

La iniciativa le costará al Estado unos 100 millones de pesos (unos 27,4 millones de dólares), según fuentes citadas por el diario Clarín, de Buenos Aires, que indica que será anunciada el martes 17 de marzo por la presidenta argentina, Cristina Fernández, con ocasión de una visita a Córdoba (centro), capital de la provincia homónima.

En noviembre de 2007, el Gobierno argentino acordó con Lockheed (la actual empresa a la que fuera privatizada por el mememato)la transferencia de la fábrica luego de que una auditoría externa evalúe las instalaciones y equipos con el fin de hacer una tasación de esos activos.

Para concretar la operación hace falta además que el Gobierno consiga el visto bueno del Parlamento, al que enviará el correspondiente proyecto de ley.

Portavoces de Lockheed aseguraron que están a la espera de que se les comunique la decisión de concretar la operación y de que el Gobierno cumpla en pagar lo que corresponda.

La compañía estadounidense ha entregado la mitad de los doce aviones de entrenamiento militar Pampa AT-63 acordados por contrato con el Gobierno, indicaron las fuentes.

La Fábrica Militar de Aviones es también la proveedora del servicio de mantenimiento de las flotillas de Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral, que está en proceso de expropiación al grupo turístico español Marsans, según una ley aprobada el año pasado por el Parlamento.

La factoría da empleo a unos 1.100 trabajadores y fue privatizada en la década de los años 90 por el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) para que la Lockheed modernizara una flotilla de aviones de combate Skyhawk A4, que Estados Unidos dio de baja en los años 70 y fue comprada a muy bajo precio.

El proyecto de nacionalización fue analizado por el jefe del gabinete de ministros, Sergio Massa, con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien le dio su apoyo durante una reunión que ambos mantuvieron en Buenos Aires a mediados de febrero pasado.

Schiaretti le trasmitió a Massa su "satisfacción" por la iniciativa y subrayó "el saldo negativo que para la actividad aeronáutica ha significado la concesión" a Lockheed, según un comunicado difundido al cabo de esa reunión.

"No tengo dudas de que la recuperación de la Fábrica de Aviones permitirá avanzar en asociaciones estratégicas con otras grandes compañías del rubro y, a partir de allí, retomar el desarrollo de esta actividad industrial de alta tecnología, que abarca también el potencial crecimiento de empresas nacionales proveedoras", remarcó.

El Gobierno de Fernández ha expresado en varias ocasiones la intención de formar una asociación estratégica con Embraer para apuntalar el desarrollo de la industria aeronáutica argentina al calor de la experiencia de la compañía brasileña

viernes, 13 de marzo de 2009

Oligarquía sojapecuaria. (pulse para ver video)

Ante la avaricia de las patronales del campo, bien conocidas desde hace larga data, que solo busca el desgaste del gobierno, imponiendo el miedo y los artilugios especulativos de siempre, oponemos con pedido a gritos. QUE SE ACABEN LOS PRIVILEGIOS PARA POCOS, QUE SE CONSTRUYA UNA PATRIA CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CON UNA EQUITATIVA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO QUE CONTEMPLE A TODOS LOS ARGENTINOS!!
NO A LA PATRIA DEL PATOTERISMO, DE LA IMPOSICIÓN POR LA FUERZA!! NO A LOS DIRIGENTES IRREPONSABLES Y LACAYOS!!

martes, 10 de marzo de 2009

Charla- Debate "Sin Estado no hay Nación"



"Crisis Internacional, oportunidades o amenazas"

En el marco del discurso destituyente,que busca desde los medios globalizados,crear un clima de temor en la población, el Espacio Carta Abierta GBA Sur alte Brown, llevo a cabo esta actividad con la participación de cerca de 100 personas.
El evento se llevo a cabo el día 20 de noviembre de 2008 en la casa de la cultura de Alte Brown.

Nota inicial: el presente documento es fruto del intenso debate colectivo desarrollado en la Comisión de Economía de Carta Abierta. Su elaboración es resultado de diversas jornadas de trabajo, de las que participaron más de treinta profesionales y miembros de organizaciones sociales con formación en diversas disciplinas. “Sin Estado no hay Nación” constituye su primer documento de trabajo. Los contenidos y definiciones que en él se presentan conforman el marco conceptual de abordaje de diversas temáticas socioeconómicas que el grupo ya ha iniciado.
La presente versión contiene los aportes críticos del plenario de Carta Abierta del sábado 27 de septiembre de 2008, habiéndose aprobado como documento de este espacio.
Sin Estado no hay Nación
La preeminencia de las corrientes ortodoxas en materia de pensamiento económico durante los últimos treinta años constituyó el principal sustento ideológico de las políticas neoliberales aplicadas en la región e implicó la negación axiomática del carácter esencialmente social y político de las relaciones vinculadas a la producción y distribución del excedente económico. La profusión de esta mirada redundó en un cambio cultural paradigmático con negativas implicancias en materia de desarrollo estructural y derechos sociales y económicos básicos de nuestro pueblo.
Presentada como una ciencia exacta, independiente de cualquier conflictividad social, la economía convencional avanzó en el establecimiento de agendas de política económica dirigidas a limitar la intervención pública sobre las tendencias del mercado. El derecho ilimitado al lucro como principal incentivo del accionar privado, con prescindencia de su impacto sobre el conjunto social a corto, mediano y largo plazo, se impuso como principal noción cultural rectora de la política económica.
Problemáticas centrales del debate económico, como el desarrollo, la distribución del ingreso, el logro del pleno empleo, la preservación de los derechos laborales, la planificación y el estímulo a la industrialización, entre tantas otras, fueron erradicadas de la agenda económica, de los planes de estudio y aun ridiculizadas en ámbitos especializados.
Sucesos tan disímiles como el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar, las crisis hiperinflacionarias de finales de los años 80 y comienzos de los 90 y el supuesto triunfo histórico del mercado como único regulador social luego de la caída del Muro de Berlín, corporizado en el Consenso de Washington, indujeron cambios político-culturales profundos, redefiniendo los límites de los ámbitos público y privado. El Estado, como principal esfera receptora de las tensiones y contradicciones entre clases y sectores sociales, privatizó sus potestades regulatorias en materia económica, transfiriéndolas al mercado. Liberadas las fuerzas asimétricas de los agentes económicos de los límites impuestos por la institución que debía velar por los intereses colectivos, el rumbo económico apuntó a la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las mayorías y la desintegración del aparato productivo.
Lejos de desaparecer, el Estado fue reconfigurado en función de los intereses de un núcleo económico de diversos orígenes. La desarticulación de las normas, instituciones y mecanismos públicos de intervención sobre el mercado -imprescindibles para conducir un programa de desarrollo con equidad- completó la reforma neoliberal del Estado y dio estabilidad de largo plazo a la descomunal transferencia de excedentes económicos desde las mayorías empobrecidas e indigentes hacia un núcleo concentrado de capital local y extranjero.
La reorganización neoliberal del Estado también incluyó la reducción de la cantidad, la calidad y formación de sus cuadros técnicos. En lugar de aprovechar la extensa experiencia acumulada durante décadas de regulación estatal, abriendo la posibilidad de reformular aspectos deficientes, se optó por su prescindencia. Se llegó incluso a nombrar funcionarios cuyo principal objetivo residía en destruir la calidad de los servicios y la situación económico-financiera de las empresas públicas con el fin de generar las condiciones necesarias para su posterior privatización. El proverbio implantado rezaba: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.
Es necesario destacar el inmenso costo social y económico impuesto por este tipo de políticas, en momentos en que diversos actores privilegiados comienzan a reclamar una vuelta a las tendencias de aquellos años. El corolario de esas reformas, combinadas con esquemas de tipo de cambio apreciado y acelerado endeudamiento externo, residió en la desarticulación del aparato productivo local, el aumento del desempleo y de la pobreza. El masivo ingreso de importaciones produjo la quiebra y liquidación de empresas que podrían haber sido eficientes en otros escenarios, interrumpiendo las trayectorias de aprendizaje tecnológico construidas en etapas previas, orientadas a la industrialización de la Nación. El desempleo alcanzó tasas exorbitantes, superiores al veinte por ciento, y la pobreza atrapó a más de la mitad de la población.
El reciente conflicto con los empresarios agropecuarios por la aplicación de derechos de exportación móviles, profundizó una incipiente tendencia a recuperar nociones básicas de la Economía Política. “Renta extraordinaria”, “salarios y ganancia”, “distribución del ingreso”, “modelo nacional de desarrollo” y “rol activo del Estado” reaparecieron en el discurso colectivo, agregando entidad conceptual al conflicto expuesto en las calles. “Estado” y “mercado” fueron recuperados como significantes de visiones antagónicas sobre el rumbo económico.
El nucleamiento de la nueva derecha en torno al rechazo a las retenciones móviles aportó simultáneamente un punto de acumulación opositora hasta entonces ausente y un rechazo a la intervención del Estado en la economía. Y aunque intente disimularse, este hecho político-discursivo evidencia un parentesco innegable con la lógica neoliberal que dominó los programas económicos de la última dictadura y de la década del 90. Supuso, en los hechos, un reeditado darwinismo social estrechamente vinculado a la liberalización comercial, la apertura financiera, la desregulación, las privatizaciones y la descentralización de la provisión de bienes públicos sin la transferencia de recursos hacia provincias y municipios, operados durante esos períodos de la historia reciente argentina.
Si la crisis de 1989-1990 tuvo un efecto disciplinador en la sociedad que coadyuvó a la consolidación del pensamiento y el modelo neoliberal, la implosión política, social y económica de 2001-2002 llevaría a un reconocimiento general de su fracaso. La transformación del escenario ideológico que tuvo lugar en los últimos años permitió el resurgimiento de un discurso nacional-transformador que revalorizó ya no solo la eficiencia sino también –y centralmente- la equidad como pauta fundamental en los objetivos básicos del desarrollo y la aparición de un modelo económico alternativo a los programas neoliberales instalados a partir de 1976. Estos últimos, a diferencia del actual, se inspiraron en una concepción asentada en la valorización del capital financiero y se afirmaron en toda América Latina, a partir de 1989, guiados por los principios del Consenso de Washington, cuyo fracaso económico y social sufrió prácticamente toda la región en la década siguiente.
No obstante, las disputas mantenidas recientemente reflotan viejas controversias planteadas en los años de incipiente industrialización con altos niveles de empleo y avances en la distribución del ingreso, en los que las antinomias Estado/mercado y agro/industria dirimían la orientación del modelo de desarrollo nacional. La experiencia de esa etapa muestra que la adopción de un sistema de tipos de cambio diferenciales a través de una tasa de cambio elevada con retenciones -destinada a captar para la sociedad la renta extraordinaria de carácter diferencial de la tierra más fértil del país (la pampa húmeda)- constituye una medida de política heterodoxa que incentiva la producción y promueve el desarrollo industrial.
Las declaraciones que buscaron imprimir un tinte “confiscatorio” a las retenciones -derecho cuya imposición es facultad legítima del gobierno nacional- y las fantasías de un pequeño grupo de actores supuestamente representativo del “campo”, que pretendió identificar al sector con la Nación, ha buscado reinstalar en el sentido común el rechazo a la intervención del Estado. Cuando la incursión de productores y propietarios rurales de la pampa húmeda, absolutamente minoritarios entre los que reúne la actividad agraria del país, y de clases medias urbanas, ligadas directa o indirectamente al incremento de la renta agropecuaria extraordinaria, hizo estallar la confrontación y el debate, las estrategias discursivas de la nueva derecha reavivaron mitos oxidados de la ideología liberal, los cuales fueron intensamente multiplicados por las operaciones políticas de gran parte de los medios de comunicación.
El régimen económico heterodoxo, que viene sosteniendo el gobierno nacional como objetivo irrenunciable a nivel macro, reposa en el mantenimiento de un tipo de cambio elevado, competitivo y estable a través de la intervención del Banco Central para evitar la apreciación cambiaria. La obtención de superávits fiscal y externo permite recrear un régimen de acumulación solvente, enfatizando una mayor participación del Estado en la economía. Al mismo tiempo, se reduce la vulnerabilidad externa a partir de la acumulación virtuosa de reservas vía el sostenimiento del tipo de cambio alto y saldos positivos del comercio exterior. La cancelación de las obligaciones con el FMI y el Club de París, la restructuración de la deuda pública y las renegociaciones de los compromisos externos a largo plazo son conquistas emblemáticas dirigidas a liberar al país de trampas y grilletes heredados del neoliberalismo y fortalecer su posición internacional.
La política económica de tipo de cambio real alto incrementa la competitividad de las exportaciones y promueve la sustitución de importaciones por producción local, conllevando un crecimiento sostenido de la actividad económica. A fines de este año se va a cumplir el ciclo histórico de crecimiento económico más extenso y de mayor magnitud de la tasa de expansión del PBI -más del 8 % anual- de la historia económica argentina. La valorización productiva como eje del actual proceso, en reemplazo del regido por la valorización financiera, permitió la rehabilitación y reindustrialización de la estructura productiva local que posibilitó aumentar la productividad e incentivar la creación de empleos. En este contexto, la política de negociación salarial hizo posible obtener incrementos en los salarios reales de los trabajadores formales, incorporar más de un millón de nuevos jubilados e ir recuperando significativamente la vergonzosa jubilación mínima heredada del neoliberalismo.
El sostenimiento de la política económica y la preservación de medidas macroprudenciales, como el control de capitales, el manejo racional de las reservas internacionales y la regulación del mercado cambiario, han permitido aislar a nuestra economía de la crisis financiera internacional y evitar una fuga de capitales al exterior. Así, la suerte de nuestro país en la actual coyuntura está más vinculada a las implicancias de la crisis en un socio regional tan relevante como Brasil y a la variación de los precios de los productos primarios exportables, que a los avatares directos del irracional funcionamiento del sistema financiero internacional, respecto del cual hemos logrado mayores grados de autonomía.
En materia de política internacional, durante los últimos años nuestro país ha jugado un rol fundamental en la crítica global al funcionamiento de instituciones como el FMI y ha participado en iniciativas internacionales tendientes a su radical transformación en beneficio de los países de desarrollo medio y bajo. Ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones de repudio y contribuido al rechazo de estrategias tendientes al libre comercio, como el ALCA. Y ha colaborado activamente, junto a numerosos países de la región, en el establecimiento de agendas de integración económica, social y política. En el contexto de la actual crisis, las recientes intervenciones de la presidenta Cristina Fernández en foros internacionales sobre la irracionalidad del sistema financiero mundial y la necesidad de crear formas más virtuosas de regulación en esa materia, evidencian una continuidad en la búsqueda colectiva de mayores grados de libertad para las políticas de desarrollo nacional y regional.
En este marco, llaman la atención las afirmaciones apologéticas de algunos funcionarios gubernamentales sobre la necesidad de “reconectarnos” a las, hoy en debacle, esferas financieras internacionales. El sentido ideológico y político de tales discursos, desconectados del carácter de la política exterior concreta actual y reciente, parece intentar discurrir en la dirección de una resignificación de los actos de gobierno hacia senderos más ortodoxos. En todo caso, resulta más racional y adecuado, en términos políticos y económicos, continuar la reconexión integradora con países de la región y de características relativas similares, como condición para establecer nuevas dinámicas de vinculación internacional tendientes al desarrollo y la equidad.
El desafío de alcanzar avances significativos en materia de distribución del ingreso, luego de treinta años de concentración creciente, requiere un enfoque de la problemática del incremento de los precios radicalmente diferente de la vigente durante la etapa neoliberal, rescatada recientemente por algunos economistas de origen heterodoxo. La necesaria recuperación de los mecanismos de intervención pública en materia económica es un prerrequisito indispensable para desarrollar una política de ingresos que contemple la reciente aceleración en el incremento de los precios. El control de la evolución de los precios internos debe plantearse garantizando la preservación y progreso de las mejoras que se han ido obteniendo en la distribución del ingreso. En tal sentido, la política antiinflacionaria debe ser funcional a políticas de distribución y no a la inversa, respondiendo al carácter estructural de la economía argentina.
Resulta prioritario e imprescindible tener en cuenta que el incremento sostenido de los precios erosiona los ingresos de la clase trabajadora y del conjunto de la población de ingresos fijos, al tiempo que amenaza uno de los pilares centrales del modelo económico: el tipo de cambio real. También es necesario considerar que las tradicionales y conocidas políticas de ajuste y estabilización sustentadas en apreciaciones cambiarias, restricciones al consumo popular y/o enfriamientos de la economía sólo se mantienen empeorando la vida de los sectores populares.
Dada la concentrada distribución de la riqueza, como rasgo estructural de la economía argentina, resulta fundamental una política pública intensa dirigida a la recuperación sostenida del mercado de trabajo e incrementos salariales que superen la inflación y los incrementos de productividad, de manera de aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso total.
Sostenemos que el Estado debe enfrentar las tensiones entre los intereses de clase en torno a la apropiación de los frutos del crecimiento económico. Para ello es indispensable regular el comportamiento de los sectores económicos dominantes con el objetivo de viabilizar la redistribución social del ingreso. Todo lo cual exige dotar al Estado de instrumentos válidos para enfrentar la puja distributiva e intervenir eficientemente en el comportamiento de los agentes oligopólicos y monopólicos presentes en las cadenas productivas, fruto de un proceso histórico de concentración económica.
El esquema de retenciones propuesto en la resolución 125 y sus enmiendas aprobadas en la Cámara de Diputados, hubieran permitido mejorar el desacople de los precios internos de los alimentos de los fijados en el mercado internacional, preservando los salarios reales, y favorecer sustancialmente a los pequeños productores. En tanto las retenciones permiten mantener aislado el nivel de precios internos del vigente en el mercado internacional, la movilidad del esquema actúa moderando el efecto de las variaciones de este último. Su aplicación hubiera favorecido el desarrollo industrial nacional, al funcionar como un sistema de tipos de cambio múltiples. La experiencia reciente muestra que los propios productores se hubieran visto protegidos ante una baja del precio internacional de oleaginosas y cereales. El debate sobre el uso de este mecanismo posee profundas raíces en nuestra historia nacional desde la imposición del esquema agroexportador de 1880.
La consolidación de una estructura productiva diversificada y el incremento de las ganancias de competitividad requieren de una intervención planificada del Estado. Es un ejercicio soberano imprescindible para coordinar los objetivos de la política económica en múltiples niveles, incorporando programas sectoriales específicos y regímenes de promoción a la exportación y a la innovación tecnológica, que apunten a resolver las problemáticas más complejas de los distintos sectores productivos. La ausencia de políticas efectivas en este sentido, así como de avances en el necesario diseño estratégico de un proyecto económico de transformación nacional, conducen a sostener la política económica exclusivamente en la reforma macroeconómica acompañada de medidas coyunturales aisladas. Por este sendero quedarían nuevamente postergadas las definiciones de largo plazo de orden estructural y restringido un diverso conjunto de estrategias eficientes para reducir la enorme brecha social heredada.
Una mirada atenta permite advertir un escenario de intensas disputas por el rumbo que asumirá la política económica futura, su perfil socioeconómico, su influencia sobre los proyectos regionales posibles y el carácter de la democracia misma en nuestro país. Y es en el carácter de ese escenario, con los desafíos e interrogantes que nos propone, donde radica la enorme riqueza y oportunidad de la etapa.
Luego de un extenso período de vigoroso crecimiento económico, basado en una dinámica de acumulación endógena con incremento constante del empleo, y habiendo logrado la reconstrucción institucional con eje en la defensa de los Derechos Humanos, el Estado y la sociedad argentina enfrentan una encrucijada cuya profundidad la ubica como un dilema central con incumbencias de largo plazo: la profundización de un paradigma de desarrollo socioeconómico, cambio estructural, distribución de la riqueza y ampliación de un concepto de ciudadanía radicalmente más amplio que el impuesto por las “señales” del mercado, o la reconstrucción del -hoy en crisis- modelo neoliberal en el contexto de políticas heterodoxas de validez indiscutible, que ubique a un puñado de elites y grupos económicos como los principales perceptores del excedente económico.
Esta encrucijada, que convoca a formas diversas de organización popular, a un ejercicio de ciudadanía democrática ampliada y multilateral, constituye el desafío dilemático de un laberinto no sólo argentino sino ya latinoamericano. Los conflictos desatados en Bolivia por la construcción de una sociedad y un estado capaces de contener y proyectar a todo un pueblo, la refundación de Ecuador, las perspectivas en Paraguay, las diversas iniciativas en Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Nicaragua, forman parte de esa búsqueda y esa oportunidad.
El retorno de la política al debate económico constituye una condición insoslayable en la actual etapa. La viabilidad efectiva de un programa de desarrollo económico con inclusión y distribución resulta impensable sin la organización y expresión de las clases y sectores populares destinatarios de este cambio de época. Durante el reciente conflicto por la aplicación de retenciones móviles, el hoy escaso desarrollo de los movimientos sociales y políticos -en relación a la magnitud de los desafíos actuales y el surgimiento de la nueva derecha-, configuró un escenario cuyos actores fundamentales fueron el gobierno y los empresarios del sector, devenidos estos últimos en el grotesco intento de encarnación mediática de un supuesto “pueblo”. Como emergente de las paradojas de la etapa, el Estado ejerció la representación de un pueblo cuya organización no fue suficiente para materializarse en la escena política, poniendo en cuestión con esa imposibilidad la legitimidad de una medida dirigida a preservar el salario real.
El rumbo de cambios iniciado hace escaso tiempo y la continuidad de las políticas de desarrollo, requieren la recuperación y reconfiguración de un Estado de nuevas características. Lejos de la estructura burocratizada, que durante décadas ha mostrado sus estrechos límites en numerosos aspectos, se presenta la necesidad de construir un Estado dotado de las herramientas para intervenir activamente en el sendero social, económico, productivo y distributivo. Capaz de resignificar y recuperar su rol en la planificación del desarrollo y la construcción de un proyecto nacional y democrático. Consustanciado en su diagramación institucional e instrumental con objetivos económicos inclusivos, y consciente de las restricciones estructurales y sociales que enfrenta. Pensado de manera multilateral, en tanto regulador social imbricado por las demandas y necesidades de una sociedad civil activa y diversa, plural e incluso contradictoria.
Resulta fundamental continuar y profundizar la actual agenda regional e internacional de nuestro país. La crisis actual, centrada en las principales economías de planeta, evidencia la necesidad de avanzar en las iniciativas de integración. Más aún, constituye una oportunidad para establecer formas de coordinación diferentes a las impuestas por los estrechos límites del paradigma conceptual dominante hasta hace pocas semanas en materia de economía internacional. El crecimiento de UNASUR, la profundización del MERCOSUR ampliado, la coordinación macroeconómica conjunta, la desdolarización de los intercambios, el Banco del Sur y la banca de desarrollo en general, el crecimiento de la demanda interna y la distribución de la riqueza a escala regional, la resolución de asimetrías, el desarrollo de ciencia y tecnología. Para su éxito, estas iniciativas deben contar con una escala regional que las haga posibles.
Sostenemos que sólo la intervención consciente y planificada del Estado y, en particular, la dirigida a proteger a los sectores populares más vulnerables, es capaz de articular un modelo de desarrollo nacional que persiga el bienestar general por encima de los intereses económicos particulares. Una hipotética actitud pasiva ante los conflictos latentes y explícitos, dejaría el camino libre para la imposición de los intereses de quienes concentran el poder económico en Argentina.
Para impulsar un modelo económico de desarrollo con equidad es indispensable la reconstrucción de un imaginario social que recupere la relevancia de lo político y la intervención del Estado como requisito para promover el crecimiento de la Nación.

Contacto: economia.carta.abierta@gmail.com